ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL APOYAN EL “PROYECTO BIEN RESTITUIDO”
El pasado 28 de septiembre, referentes de organizaciones sociales, sindicatos, funcionarios, fiscales y jueces se reunieron en la Sede de Cáritas Nacional para debatir ideas en pos del impulso de una ley que establezca la administración transferente de los recursos decomisados por la justicia. De esta manera, se demostró su interés por el uso social que debe darse en los bienes recuperados al “crimen organizado”.
Bien Restituido para el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil, es un proyecto financiado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina, en el marco de las convocatorias 2021 de CooperAR-UE. El mismo es ejecutado por cuatro organizaciones: Libera. Asociaciones, nombres y números contra las mafias; Circolo Giuridico di Argentina; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Multipolar.
Con este encuentro se promovió el diálogo con el fin de acelerar la presentación de un anteproyecto de ley ante el Congreso de la Nación. El objetivo es crear un sistema racional y transparente que promueva la reutilización social y económica de los bienes cautelados y decomisados del crimen organizado que logre reparar el daño producido a las víctimas, a la sociedad y al propio Estado.
La reunión contó con la presencia de organizaciones como la Comisión Nacional de Cáritas, Scholas Ocurrentes, la Fundación Catedral de la Fe, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular (RITEP), la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), la Red Impuestos, Control y Justicia (ICJ), la Fundación Fundar, la Asociación De Fiscales Y Funcionarios Del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) y la Asociación de Jueces Federales (AJUFE).
Se plantearon la necesidad de nuevos mecanismos y propuestas para brindar el proyecto de operatividad y transparencia. Además, se conversó acerca de distintas aristas relacionadas a la restitución social de bienes recuperados del delito, impulsadas por la necesidad de materializar un conjunto de nuevas leyes y protocolos, con una mirada y un pragmatismo moderno, preciso, con perspectiva económica y de género. Se habló también acerca de la importancia de la transparencia de la información y el trabajo en conjunto.
Lucas Manjón (Representante de Libera y Coordinador del Proyecto) hizo referencia a las múltiples actividades realizadas en los últimos dos años para concientizar sobre la problemática de la criminalidad organizada: “150 jueces y fiscales federales ya participaron de nuestra capacitación de criminalidad organizada y reutilización social. Establecimos consensos con operadores judiciales y con organizaciones de la economía popular y académicas de distintas regiones del país. Generamos reuniones en el ámbito político y observamos que estamos de acuerdo en que existe un vacío muy grande en sobre cómo administrar los bienes cautelados y decomisados a la criminalidad organizada”.
Por su parte, el Juez Federal Sebastián Casanello (Secretario Académico de la AJUFE a cargo de la asesoría técnica legal del proyecto) hizo hincapié en la importancia del trabajo conjunto: “La justicia federal se encarga de los delitos más graves. Estos delitos nos afectan a todos, de manera repartida, afectan a toda la sociedad: el narcotráfico, la trata, los delitos ambientales. El proyecto es una manera de hacer participar a la sociedad civil de la solución del conflicto penal, es una manera de empoderar a la ciudadanía”.
Existen experiencias de reutilización en distintas regiones del país: Salta, PBA, CABA, Chaco, entre otras. Durante la pandemia, por ejemplo, más de 500 vehículos fueron utilizados para trasladar personas. Pero, en última instancia, la experiencia de reutilización siempre depende de la buena voluntad de jueces y fiscales. Hoy el poder judicial invierte millones de pesos en el alquiler de inmuebles, en la custodia policial, si tenemos la ley esto bajaría los actuales costos, explicó Manjon.
Desde la perspectiva de las organizaciones sociales actualmente surgen límites; la demora del procedimiento judicial, que conlleva a que el bien sufra un deterioro hasta que efectivamente es destinado a dicho grupo para su reutilización. Asimismo, una apelación puede llevar a que el bien tenga que ser devuelto por el colectivo.
Es por ello que el proyecto contempla la creación de una agencia especializada, con control parlamentario, para inventariar y conservar para la reparación, miles de bienes. Habrá una importante participación de las organizaciones de la sociedad civil y sindicatos en el pasaje de miles de unidades productivas que se convertirían en cooperativas.
Se manifestó la necesidad de que el Estado realice un acompañamiento técnico a las organizaciones.
De esta manera, con el apoyo de diversos sectores políticos, instituciones, organizaciones y actores de la sociedad, entre ellos el Papa Francisco, el Proyecto de Ley Bien Restituido busca continuar promoviendo el debate participativo, a través de distintas actividades, reuniones y talleres, para alcanzar un amplio consenso que permita avanzar en el desarrollo y posterior aprobación de una ley para combatir el crimen organizado a través del recupero de activos para reutilizarlos con orientación social, poniendo en un primer plano a la ciudadanía.
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